(El alcalde de Marinaleda y parlamentario de IU en Andalucía, Sánchez Gordillo, liderando un grupo de sindicalistas, asalta un supermercado y coordina el presunto robo de alimentos. Su objetivo es demostrar la situación límite en la que viven una vez más los jornaleros)
Yo no hubiera asaltado un supermercado. Yo hubiera “okupado” un piso, alguno propiedad de un Banco de donde fueron expulsados sus dueños por no pagar la hipoteca. Y esperaría a que la Policía me sacara por la fuerza.
Aquí, alcalde “Gordillo”, hay cuatro violencias distintas y subrayadas: La de los maderos, la de los okupas, la del Banco, y la de los robaleches.
¿Cuáles son legales? La de los policías y la del Banco.
¿Cuáles son legítimas? Las cuatro. Sí, señores. Las cuatro pueden ser legítimas.
Los agentes recomponen el orden social. El banco expropia por la fuerza que le concede la ley. Los okupas exigen que la administración cumpla lo que dice la constitución. Y los hambrientos tienen la excusa del estado de necesidad.
Esa es la lección desperdiciada por el alcalde ignorante, comunista trasnochado, fanfarrón jornalero y bocazas paniaguado. El “Gordillo” ese, que es buen ejemplo de la “colección de tontos” que nos gobiernan, según ha dicho acertadamente el escritor Antonio Gala, ha perdido una oportunidad de oro para llevar a los tribunales el pleito más revolucionario desde que la novela titulada “Michael Kohlhaas” puso de manifiesto que el poder público puede ser legítimamente violentado (o sea, con una guerra o un golpe de estado) cuando no es capaz de ejercer con Justicia.
Ojalá fuera yo el abogado. Porque allí frente a un tribunal, en parte pagado por los Presupuestos Generales del Estado y en parte corrompido por las prebendas del capitalismo clasista español, diría:
“Señorías: Todos usan la fuerza. Unos autorizados por la ley, y otros no. Pero los que no están autorizados, entran por necesidad de alimento, techo o Justicia cuya satisfacción la Constitución y el Sentido Común reconocen como garantía de la convivencia en paz. La violencia es la respuesta civil y popular autorizada tácitamente ante el incumplimiento del estado del bienestar.”
Y tras ese argumento, todos hubieran tenido clara una cosa: Cuando se reparten “guantás” no se sabe a quién les llegan. Lo mismo la recibe la cajera de un supermercado que un presidente del Gobierno.
No podemos olvidar que la violencia, pacífica o no, legítima, justificada, popular, mayoritaria, es y será un método básico para evitar el abuso ilegítimo de los violentos. Incluso Cristo dijo aquello de poner la segunda mejilla, pero después recomendó el puñetazo libre, libertario y liberador. Ghandi, mi perro y el vecino del quinto me preceden en la defensa de esta tesis. El "Gordillo" ni la entiende.
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martes, 14 de agosto de 2012
miércoles, 14 de diciembre de 2011
¿Los jurados saben de leyes?
Cuando te operan lo hace un grupo de sanitarios que tienen una cualificación profesional extraordinaria. Cuando hacen un túnel, se cuenta con ingenieros del primer nivel. Para juzgar a Camps basta con nueve “ciudadanos” que en su puta vida han oído hablar de "cohecho impropio pasivo". La ley del jurado es una de las estupideces más grandes que jamás se han hecho. Si el tema es tan gordo como para poner a nueve “juzgadores”, éstos deberían ser auténticas lumbreras en derecho penal, en vez de analfabetos jurídicos.
¿Os imagináis un grupo de nueve “ciudadanos” decidiendo si te operan o no de un cáncer de páncreas? Pues así de absurdo es ponerlos a decidir si un acusado es o no culpable además cuando el tema, jurídicamente, es de una complejidad endemoniada.
Y no quiero decir palabra (quizá lo haga más adelante) sobre si es fácil influir en la voluntad de los jurados (metiéndoles dinero en el bolsillo o, aprovechando su inexperiencia, confundiéndoles con oratorias demagógicas). O sobre si es igualmente estúpido que las leyes de este país las redacten unos diputados que, mayoritariamente, no son expertos juristas y ni siquiera conocen la materia sobre la que legislan.
Así nos va. Una país con los mejores técnicos, donde mandan los mejores enchufados.
Arbolcom.
¿Os imagináis un grupo de nueve “ciudadanos” decidiendo si te operan o no de un cáncer de páncreas? Pues así de absurdo es ponerlos a decidir si un acusado es o no culpable además cuando el tema, jurídicamente, es de una complejidad endemoniada.
Y no quiero decir palabra (quizá lo haga más adelante) sobre si es fácil influir en la voluntad de los jurados (metiéndoles dinero en el bolsillo o, aprovechando su inexperiencia, confundiéndoles con oratorias demagógicas). O sobre si es igualmente estúpido que las leyes de este país las redacten unos diputados que, mayoritariamente, no son expertos juristas y ni siquiera conocen la materia sobre la que legislan.
Así nos va. Una país con los mejores técnicos, donde mandan los mejores enchufados.
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miércoles, 12 de octubre de 2011
No le tembló la mano al jefe de Policía de Nueva York
No le tembló la mano al Jefe de Policía de Nueva York cuando ordenó detener a más de 700 indignados que ocuparon un puente en protesta por la situación que sufre el pueblo en esta crisis.
Quizá lo hizo porque sabe que una sociedad necesita circular, en todos los sentidos, por las calles que son de todos. Ocupar la vía pública en Nueva York es delito. Me convence esa mentalidad. Las calles no se cortan, y punto. Si las necesita alguien, para pasar, pues pasa, porque son suyas y nadie le puede escamotear el derecho de utilizarlas.
Mucho nos queda por aprender en España, sindicatos incluidos, sobre el respeto y la convivencia.
Arbolcom.
Quizá lo hizo porque sabe que una sociedad necesita circular, en todos los sentidos, por las calles que son de todos. Ocupar la vía pública en Nueva York es delito. Me convence esa mentalidad. Las calles no se cortan, y punto. Si las necesita alguien, para pasar, pues pasa, porque son suyas y nadie le puede escamotear el derecho de utilizarlas.
Mucho nos queda por aprender en España, sindicatos incluidos, sobre el respeto y la convivencia.
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Igualdad constitucional, desigualdad legal.
Tras un juicio seguido en el TSJA por prevaricación contra un juez de familia de Sevilla, deduzco varias cosas.
Primera, que hay muchos profesionales juristas que consideran la legislación "de género" una aberración. Les entiendo perfectamente. El principio de igualdad de nuestra Constitución exige que si un hombre le pega a una mujer por una causa o una motivación basada en la cultura de la desigualdad en el ámbito familiar tenga la misma pena que si es la mujer la que le pega al hombre por la misma motivación. Los que se ven en la obligación de aplicar dos leyes distintas según el autor de la ofensa tenga testículos u ovarios les da asco, inquina y rencor tener que obedecer, especialmente a sabiendas de que el Tribunal Constitucional español aceptó la "discriminación positiva" de la mujer por ignorancia consciente del trascendente, universal, histórico y metafísico sentido que tiene el artículo 14 de la Carta Magna.
Segunda: Esos mismos profesionales, junto a otros de otras ramas como la sociología y la política, sospechan que la legislación actual no coopera a la equiparación de los derechos y obligaciones reales de los unidos en sentimental pareja, sino que exalta la desconfianza entre los miembros de la unión pues sabiéndose uno menos protegido legalmente que el otro toma medidas precautorias y defensivas tales como no compartir el patrimonio ni asumir el compromiso de convivencia.
Tercera. Permanece semi-oculto el dato, al parecer lamentable, de denuncias femeninas falsas interpuestas por conveniencia (en la negociación de rupturas), por desamor, por odio, por recomendación de letrados sin conducta deontológica alguna, o por celos. Existe una reacción profesional generalizada ante las medidas que la ley obliga a tomar contra el presunto agresor que exceden su condición procesal de mero acusado y le sitúan en la de condenado sin sentencia.
Cuarta. Existe un descrédito no mensurable en la eficacia, utilidad y justicia del sistema elegido para la persecución de los delitos de género. Cuando el descrédito corroe a las instituciones, sálvese quien pueda, porque el mecanismo deja de funcionar y la avería se enquista sin que pueda arreglarse en mucho tiempo. Esto también se llama "paso atrás".
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Primera, que hay muchos profesionales juristas que consideran la legislación "de género" una aberración. Les entiendo perfectamente. El principio de igualdad de nuestra Constitución exige que si un hombre le pega a una mujer por una causa o una motivación basada en la cultura de la desigualdad en el ámbito familiar tenga la misma pena que si es la mujer la que le pega al hombre por la misma motivación. Los que se ven en la obligación de aplicar dos leyes distintas según el autor de la ofensa tenga testículos u ovarios les da asco, inquina y rencor tener que obedecer, especialmente a sabiendas de que el Tribunal Constitucional español aceptó la "discriminación positiva" de la mujer por ignorancia consciente del trascendente, universal, histórico y metafísico sentido que tiene el artículo 14 de la Carta Magna.
Segunda: Esos mismos profesionales, junto a otros de otras ramas como la sociología y la política, sospechan que la legislación actual no coopera a la equiparación de los derechos y obligaciones reales de los unidos en sentimental pareja, sino que exalta la desconfianza entre los miembros de la unión pues sabiéndose uno menos protegido legalmente que el otro toma medidas precautorias y defensivas tales como no compartir el patrimonio ni asumir el compromiso de convivencia.
Tercera. Permanece semi-oculto el dato, al parecer lamentable, de denuncias femeninas falsas interpuestas por conveniencia (en la negociación de rupturas), por desamor, por odio, por recomendación de letrados sin conducta deontológica alguna, o por celos. Existe una reacción profesional generalizada ante las medidas que la ley obliga a tomar contra el presunto agresor que exceden su condición procesal de mero acusado y le sitúan en la de condenado sin sentencia.
Cuarta. Existe un descrédito no mensurable en la eficacia, utilidad y justicia del sistema elegido para la persecución de los delitos de género. Cuando el descrédito corroe a las instituciones, sálvese quien pueda, porque el mecanismo deja de funcionar y la avería se enquista sin que pueda arreglarse en mucho tiempo. Esto también se llama "paso atrás".
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martes, 30 de agosto de 2011
Te cambio la Constitución y tú te callas.
Convulso momento: Nuestra constitución va a ser modificada sin nuestro permiso. Es un buen momento para darnos cuenta del poquísimo poder que tenemos los ciudadanos. Es un buen momento para darnos cuenta de que la democracia aún no funciona como debiera. Es un buen momento...
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